En el Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad no prescriben

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Estatuto de Roma


En las últimas horas el mundo se ha pronunciado desde distintos escenarios preocupado por lo que sucede en Venezuela. Las denuncias de torturas, las persecuciones políticas, el encarcelamiento por disentir y el uso de la fuerza en las manifestaciones de la oposición, han sido la causa de advertencias. Y es que estos delitos cometidos por quien sea, según el Estatuto de Roma, pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional.


Los países del mundo agrupados en la Organización de las Naciones Unidas decidieron el año 1998 establecer el Estatuto de Roma mediante el cual crearon la Corte Penal Internacional. Corte que comenzó a funcionar en el año 2002. Los países firmantes, entre ellos Venezuela, lo hicieron con una finalidad, que los crímenes de lesa humanidad pudieran ser juzgados por un tribunal internacional y que este tribunal pudiera dictar sentencia contra quienes cometen estos delitos.

Los delitos enmarcados dentro del Estatuto están definidos en 11 violaciones a los derechos humanos, entre los que destacan el asesinato, el exterminio, -entendido también como la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población-, la tortura, la violación, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, por ejemplo o la desaparición forzada de personas.

Cualquier individuo que haya sentido que alguna de estas transgresiones han sido cometidas, puede hacer la denuncia debidamente sustentada en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Estas denuncias, estos delitos, no prescriben y además el juicio y la pena no es aplicable solo a los responsables de las órdenes, también los que cometen el delito, los que empuñan el arma, los que aplican la tortura…¡los mandos bajos, pues!, pueden ser juzgados por este tribunal internacional.

De hecho, establece específicamente que “un comandante militar es penalmente responsable de los crímenes que cometan las fuerzas que están bajo su comando o control. También da pie a la responsabilidad penal el hecho de que el comandante militar sepa o deba saber que sus fuerzas están cometiendo o van a cometer tales crímenes y, sin embargo, no evite que se cometan o no reprima a los responsables”.

Es decir, y en palabras bien coloquiales, Raimundo y todo el mundo pueden ser denunciados en el conocido Tribunal de La Haya, si se demuestra que cometieron cualquiera de estos “pecados” contra un pueblo indefenso. Esto es así porque ni siquiera en las guerras es permitido que se tomen rehenes, que se les torture para obtener información, no es permitido que a una población se la someta al miedo y a privarla de comida y medicinas. Son cosas lógicas y por supuesto, condenables.

Por eso tras la Segunda Guerra Mundial el Tribunal de Nuremberg, persiguió, juzgó y encarceló a los jefes militares nazis que tuvieron responsabilidad en el genocidio de los judíos, o el presidente de Servia, Slodoban Milosevic, fue detenido y juzgado por las atrocidades cometidas o sin ir más lejos, Augusto Pinochet fue privado de su libertad en una denuncia internacional.

Criminalizar la protesta, montar casos torturando, tal como lo han señalado los propios torturados, son horrores que el mundo comienza a ver con preocupación. Por eso once países de Latinoaméricana rechazaron en un comunicado la muerte de seis personas en las protestas en Venezuela de los últimos días y pidieron evitar cualquier acción de violencia en la jornada de manifestaciones convocadas para este miércoles.

En este comunicado le piden expresamente a Nicolás Maduro que impida cualquier acción de violencia en contra de los manifestantes y a la oposición le hacen un llamado para que “ejerza con responsabilidad su derecho a manifestarse y así lograr una jornada pacífica donde la gente se exprese con tranquilidad”.

El mundo está muy atento. La Unión Europea se ha pronunciado con preocupación por las actuaciones del gobierno en las últimas concentraciones y ha instado al respeto de los derechos y las libertades constitucionales de los venezolanos durante las marchas convocadas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, que coincidirán mañana, miércoles.

El gobierno de Estados Unidos también manifestó que el Ejército, la Policía y el resto de las Fuerzas Armadas deben cumplir con la Constitución y con las leyes internacionales y garantizar los derechos de los ciudadanos que se manifiesten y como en una  casual “interpretación” del Estatuto de Roma, el portavoz del Departamento de Estado  se refirió a  “la necesidad de que los responsables de haber socavado la libertad de asociación y de expresión en Venezuela “deben asumir responsabilidades”, tanto dentro del sistema judicial como en el marco del derecho internacional”.